Gracias a la pericia de estos dos doctores, Dr. Vidal y Dr. Cavadas, pude seguir adelante. Sin embargo, no pude mantener mi trabajo de policía local y me vi obligado a jubilarme con una incapacidad permanente total para la profesión habitual de policía y con ello se esfumó mi vocación de investigar homicidios en la policía. Finalmente, como no podía pagar las cuotas de la hipoteca con la pensión por incapacidad, me vi forzado a firmar una dación en pago con el banco y perdí mi casa y el piso con el que avalé la operación y decidí demandar al doctor que me seccionó la artería por negligencia médica. Una amiga, cuyo padre había sufrido una negligencia en el mismo Hospital que yo, me recomendó al abogado especialista en Derecho Sanitario que había llevado su asunto y que le permitió obtener una indemnización importante. Lo contraté y presentó su propuesta de reclamación, que fue de 321.046,46 €, en total. No obstante, supongo que por prudencia, en la demanda no estaba desarrollado el lucro cesante, es decir, lo que dejaba de ganar a consecuencia del daño sufrido, ni otros gastos futuros, como, por ejemplo, los costes por la rehabilitación en los que iba a tener que invertir mucho dinero durante toda mi vida. En aquellos años la jurisprudencia del Tribunal Supremo era muy restrictiva a la hora de conceder indemnizaciones por lucro cesante porque las sentencias decían que se trataba de expectativas, de algo abstracto o ilusorio. Pero yo era funcionario de carrera, no era abstracto o ilusorio, era tangible, y por culpa de mi incapacidad permanente total para la profesión habitual de policía derivada de la negligencia, perdí mi trabajo, con una consiguiente diferencia de ingresos, que era enorme. 

Le comenté a mi abogado que quería reclamar una indemnización mayor y nos pusimos de acuerdo, sabiendo que si el juez no nos daba la razón debería abonar unas costas judiciales muy elevadas: él demostraría la mala praxis médica y yo valoraría la cantidad de la reclamación que me pareciera adecuada. Mi plan era averiguar cuántos años de vida me quedaban. Consulté las bases de datos del Instituto nacional de estadística y mi esperanza de vida era de 85 años, con lo cual, 56 años sería el multiplicador y 246.142,48 € el resultado de la diferencia de ingresos por lucro cesante (85 -29). Añadí los vehículos y viviendas adaptadas que necesitaría durante toda mi vida, el Dictamen de la valoracicón del daño corporal y otros tipos de ayudas que necesitaría. Mi abogado estuvo de acuerdo, sumó los conceptos y el resultado fue de 1.097.247,78 €, cantidad que reclamamos, pero ajustándola al límite establecido en la póliza del seguro del Hospital. Más tarde, dos Sentencias nos dieron la razón y ganamos, íntegramente, “todas nuestras peticiones” más los intereses moratorios de la Ley de Contrato y Seguro: en ese momento supe que un día estudiaría Derecho y ayudaría a las víctimas de negligencias médicas.